No obstante, las otras también incluyeron cambios que hoy se mantienen vigentes. La del 2012, por ejemplo, les redujo aportes no salariales a las empresas (los llamados parafiscales que, en parte, ahora los paga el Estado vía Presupuesto). Mientras tanto, la del 2014 incluyó un impuesto al patrimonio, una sobretasa de renta y algunos ajustes en el Imporrenta de las personas.

Ahora bien, estas tres leyes se aprobaron en ocho años, con lo cual, su aplicación tuvo una especie de compás de espera. El presidente Duque fue un crítico acérrimo de las políticas económicas de Santos y Cárdenas, a tal punto que, desde el Centro Democrático intentaron retirar al entonces Minhacienda por medio de una moción de censura que no prosperó.

Con la llegada de Duque a la Casa de Nariño, los bandazos no se hicieron esperar. Lo que no se esperaba el mandatario era que su destino sería el mismo que su predecesor: pasar tres reformas tributarias, con la diferencia que solo estaría cuatro y no ocho años al frente del país.

Desde el día cero, Duque y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, llegaron con la idea de que era necesario darle un nuevo vuelco a los impuestos y gastos del país. De hecho, desde su campaña, el jefe de Estado proclamaba el lema ‘Más salarios, menos impuestos’.

El plan, por un lado, era subir los ingresos de los trabajadores. Y, por el otro, reducir la carga tributaria de las empresas. Según el equipo económico del Gobierno, la fórmula era algo que han repetido muchos técnicos, pero que los críticos del gobierno de turno siempre tachan: si las compañías pagan menos impuestos, podrían generar más empleo y subir los sueldos.

En la práctica, les han reducido costos y el empleo y los sueldos siguen en terreno preocupante para las metas de reducir la desigualdad.

El ingrediente político siempre está presente en todo, pero más en las reformas tributarias. El Congreso es crítico, pero al final, es el que aprueba los proyectos. En este caso, aprobó bajar el impuesto de renta de personas jurídicas, tener más rentas exentas para algunos sectores como la economía naranja y darles mayores gabelas a las compañías, tales como descuentos en IVA, impuesto de industria y comercio (ICA) y gravamen a movimientos financieros (4 x 1.000).

En el 2018, a pocos meses de iniciada la Administración Duque, esta reforma -llamada Ley de Financiamiento- vio la luz al final del túnel y comenzó a regir al año siguiente. Lo que no se esperaba nadie era que su supervivencia duraría tan poco.

En la Corte Constitucional se comenzó a cocinar un fallo en contra de este articulado, al considerar que su trámite había violado los procesos que deben surtirse en el Legislativo. El alto tribunal tumbó la ley y obligó al Gobierno a sacar adelante una nueva, que, para que pasara rápidamente en el Congreso, pretendió ser calcada a imagen y semejanza de la ya aprobada (la otra ya había sido debatida).

La inédita situación llevó al Gobierno a sacar adelante una vez más esta iniciativa, pero con muchas propuestas nuevas. En ese entonces, se aprobaron los tres días sin IVA y se incluyeron algunos bienes a la larga lista de exclusiones.

Pero quizás los puntos más importantes fueron la devolución del IVA y la creación de una comisión de expertos, cuya misión debía ser revisar los beneficios tributarios que existen en Colombia, los cuales suman cerca de 90 billones de pesos. Es decir, son una buena fuente de potenciales ingresos.

Cuando estos puntos se aprobaron en el Congreso, nadie sabía que unos meses después, al país y al mundo llegaría el coronavirus y todas sus implicaciones económicas y sociales. La pandemia destruyó cualquier posibilidad de que la economía creciera en 2020, destruyó millones de empleos y quebró a miles de empresas.

Como la situación lo ameritaba, el Ejecutivo tuvo que usar buena parte de su arsenal para hacerle frente a la covid-19. Así, la deuda pública subió a nivel que los expertos ven como alto para un país de ingresos medios como los de Colombia. El endeudamiento está alrededor del 60 por ciento del PIB. Y aunque la parte más dura de la emergencia sanitaria ya pasó, sus secuelas siguen vivas. Es decir, es probable que la deuda tenga que seguir subiendo.

En este punto, al equipo económico de Duque no le quedó otra salida que empezar a construir una reforma fiscal, lo que no sonó bien en un año en que los ciudadanos y las empresas se declaran aporreados por la pandemia.

Aún así, la reforma, llámesele fiscal o tributaria, es el único camino que tiene el Gobierno para obtener recursos que le permitan enfrentar la deuda y las necesidades de inversión. Según ha trascendido en el país, la iniciativa se presentará entre marzo y abril de este año, de tal modo que quede avalada antes de que termine el primer semestre del 2021.