La disminución de las ventas, los altos costos de los servicios públicos, las alzas de los arriendos y el impuesto a los productos ultraprocesados son las principales amenazas que enfrentan en estos momentos las tiendas de barrio.

Así lo indica una reciente encuesta del gremio de los comerciantes Fenalco, en la que el 53,02 por ciento de los consultados considera que sus ventas disminuyeron en los últimos seis meses, el 29,31 por ciento de ellos se mantuvo igual y solo un 17,24 dijo que aumentaron.
En concreto, el 66,8 por ciento de los consultados señaló que el impuesto a los productos ultraprocesados ha impactado su negocio frente a un 33,2 por ciento que aseguró que no.
Lo que más ha disminuido es la compra de snacks, galletas y mecato, seguido de los embutidos, los productos de panadería y los alimentos preparados como empanadas, tinto y pastelería.
“Es un contrasentido, que por un lado, el Gobierno predique el apoyo a la economía popular, pero por otro castigue a las tiendas con mayores impuestos. Son 450.000 tiendas en todo el territorio nacional y más de un millón de familias que dependen de estos negocios”, manifestó el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal.

Cerca del 30 % pensó en cerrar

Ante esta situación, la encuesta revela que cerca del 30 por ciento de los tenderos del país pensó en la posibilidad de cerrar su negocio en el 2024. Además, evidencia que para el 70 por ciento de ellos la mayor competencia es la de otras tiendas de barrio. Así mismo, consideran una fuerte competencia el canal moderno, los autoservicios, los vendedores ambulantes, los minimercados, las grandes superficies y la autoventa, entre otros.
Frente a la pregunta de qué medios de pago están utilizando, la mayor respuesta fue el efectivo (94,4 por ciento), seguido de Nequi, Daviplata y otras (74,14 por ciento) y datáfono (14,22 por ciento).
Según el informe de Fenalco, el 96 por ciento de estos pequeños negocios que hacen parte del canal tradicional pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 y se concentran en Bogotá, Cundinamarca y Valle del Cauca.
Además, el 64,7 por ciento de ellos son de propiedad de mujeres y la mayoría están haciendo un esfuerzo por formalizarse, aunque hay una amplia mayoría que no hace los aportes de ley.